La diputada Flor Ayala Robles Linares presentó la propuesta al Pleno, la que, dijo, busca quede sin efecto la referida medida, la cual consiste en que “todas aquellas personas morales autorizadas para recibir donaciones deducibles pierdan su patrimonio cuando cambien de domicilio fiscal para efectos fiscales, por revocación de la autorización para recibir donativos deducibles o cuando la vigencia de la autorización no se haya renovado”.
“La iniciativa propuesta por la suscrita busca no desalentar la creación de nuevas organizaciones y, por otra parte, no afectar aquellas que actualmente existen, ya que de por sí se ven en dificultades por no recibir donaciones suficientes para lograr el cumplimiento de sus objetivos, con la aprobación de la reforma propuesta a la Ley del Impuesto Sobre la Renta se verán amenazadas en su operación ante la posible pérdida de su patrimonio por una omisión administrativa”, aseveró.
Ayala Robles Linares sostuvo que dicha propuesta de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta dentro del paquete fiscal del Gobierno Federal para el ejercicio 2017, lesiona el derecho de libre asociación del cual gozan todos los mexicanos, derecho humano consagrado en el Artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Agregó que la pérdida de patrimonio de una organización, por el sólo hecho de cambiar de domicilio fiscal o por no renovar una autorización por parte de la autoridad hacendaria, impide a las organizaciones poder desarrollar libremente sus funciones y los ciudadanos resultan gravemente afectados, sobre todo aquellos que se dedican a la asistencia social.
De acuerdo a la fracción VII del Artículo 6 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, las organizaciones de este tipo gozan de varios derechos, entre los que destacan el derecho a recibir donativos y aportaciones, mencionó la legisladora.
Su propuesta consiste en que, al momento de su liquidación, cambio de residencia para efectos fiscales o por revocación de la autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR, destinen la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles.
Durante el desarrollo de la sesión ordinaria, el Pleno también aprobó un Acuerdo que resuelve exhortar al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, así como a las comisiones de Pesca de las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente.
La diputada Célida Teresa López Cárdenas propuso que los arriba mencionados garanticen que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, el monto que garantice la continuidad del apoyo y/o subsidio del Fondo de Compensación a Pescadores y Permisionarios del Golfo de Santa Clara y del Delta del Río Colorado por doce meses del año entrante.
Agregó que la propuesta se deriva de la suspensión de la actividad pesquera en el Golfo de Santa Clara y Delta del Río Colorado, además de formar un comité interdisciplinario entre autoridades del Gobierno Federal y las referidas comisiones, así como representantes de la comunidad pesquera, con especialistas, científicos y organizaciones no gubernamentales ambientalistas.
Lo que se buscaría, dijo López Cárdenas, es que dicho comité presente un informe sobre las causas de la no repoblación de la vaquita marina en el Alto Golfo, y de esa manera definir la duración de la prohibición de la pesca en dicha región.
Es fundamental hacer una reflexión a fondo sobre la situación que ha prevalecido, desde un punto de vista integral, que no sólo contenga la visión oficial del Gobierno Federal y de las organizaciones ambientalistas, sino de la comunidad pesquera en su conjunto, además de la opinión de científicos independientes de universidades de la región y del país, indicó la legisladora.
Que pueda existir una investigación más profunda, sin sesgos, sin intereses y sin presiones internacionales, para determinar causas más profundas como las biológicas, así como cambios en el hábitat de la región a raíz del cierre del cauce del Río Colorado, que obstaculizó que nutrientes que esta corriente arrojaba al hábitat natural, modificaran su composición, como lo demuestran estudios ambientalistas, aseveró.
Y con una modificación fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, con proyecto de Decreto que aprueba las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción presentadas por diversos ayuntamientos para el ejercicio fiscal de 2017. De los 72 municipios, sólo Puerto Peñasco no presentó propuesta al Congreso.
La diputada Ana Luisa Valdés Avilés propuso que se aprobaran en sus términos las propuestas de los ayuntamientos de Agua Prieta, Benito Juárez, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Moctezuma, Navojoa, Nogales, San Luis Río Colorado y Santa Ana, excepto aquellas que, comparadas con los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción autorizadas para este año, representen un incremento igual o superior al 11 por ciento.
Agregó que de ser así el caso, se tendrá por autorizado, únicamente, un incremento del 10 por ciento, previa exposición que hizo ante el Pleno, de no contar con los elementos necesarios para aprobar incrementos superiores a dicho porcentaje.
“Hemos decidido no aprobar un incremento superior al diez por ciento, con independencia de la filiación política de donde emanan los ayuntamientos. La solución no es aumentar impuestos en perjuicio de la gente, hay que llevar a cabo otras medidas, como la disminución del gasto corriente y de partidas no indispensables, como viáticos, gastos ceremoniales, contratación de honorarios, así como llevar a cabo verdaderos programas de austeridad”, expresó.
También se aprobaron las de Aconchi, Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Huachinera, Huásabas y Huépac.
De igual forma, Ímuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.
A nombre del grupo parlamentario del PAN, la diputada Célida Teresa López Cárdenas informó que se suman a la observación de Valdés Avilés, pues consideran fundamental que se privilegie la economía de las familias, mientras que la presidenta de la comisión, diputada Angélica María Payán García afirmó que no es vinculante el Impuesto Predial con la actualización de las tablas de valores unitarios que los ayuntamientos han solicitado.
Ejemplificó que el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado tenía que actualizar su propuesta porque en catorce años no lo había hecho, caso parecido al de Moctezuma y otros, en tanto que algunos municipios traían requerimientos de la Federación para que lo hicieran a la brevedad posible. Finalmente el dictamen se aprobó por unanimidad, con la modificación propuesta por la diputada Ana Luisa Valdés Avilés.
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